Suprema Corte vota a favor de debilitar los sindicatos laborales

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El miércoles, el Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó un duro golpe a los trabajadores organizados y dictaminó que los no miembros no pueden ser obligados en ciertos estados a pagar aranceles a los sindicatos que representan a empleados públicos como maestros y policías, cerrando una fuente clave de ingresos para los gremios.

En una votación de 5-4 impulsada por la mayoría conservadora de la corte, los jueces revocaron un precedente de la Corte Suprema de 1977 que permitía cobrar los llamados honorarios de agencia que se recaudan de millones de trabajadores no sindicalizados en lugar de cuotas sindicales para financiar proyectos no políticos y actividades como la negociación colectiva.

La decisión significa que los estimados 5 millones de trabajadores no sindicalizados que pagan estas tarifas ya no tendrán que hacerlo.

El tribunal dictaminó que obligar a los no miembros a pagar los honorarios de los organismos a los sindicatos a cuyos puntos de vista puedan oponerse, viola sus derechos a la libertad de expresión y asociación libre de conformidad con la Primera Enmienda de la Constitución de los EE. UU.

Los cuatro jueces liberales votaron en contra.

La decisión se emitió el último día del mandato actual de la corte, que comenzó en octubre, y se produjo un día después de que los jueces confirmaron la prohibición de viajar del presidente Donald Trump contra varias naciones de mayoría musulmana.

Dos docenas de estados requieren honorarios de agencia, y un estimado de 5 millones de trabajadores no sindicalizados para los gobiernos estatales y locales los pagan. Los empleados federales y los trabajadores del sector privado no.

Los sindicatos sostienen que los honorarios de agencia obligatorios son necesarios para eliminar el problema de lo que llaman "free riders - viajeros gratuitos" (no socios que se benefician de la representación sindical, por ejemplo, a través del salario y las condiciones laborales obtenidas en la negociación colectiva) sin pagar por ello.

El fallo priva a los sindicatos de una fuente vital de ingresos, socava su capacidad para atraer nuevos miembros y merma su capacidad de gastar en carreras políticas.

El demandante en el caso es Mark Janus, un especialista en manutención de menores para el estado de Illinois que optó por no unirse al sindicato que representa a empleados como él, la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME).

Janus fue apoyado en la lucha legal por grupos antisindicales como la Fundación Nacional de Defensa Legal del Derecho al Trabajo y el Liberty Justice Center. Janus ha dicho que no es miembro de un partido político y su objeción a las tarifas no se basa en la política. Janus se vio obligado a pagar un poco menos de $ 50 por mes en honorarios de agencia desde que comenzó su período actual trabajando para Illinois en 2007.

AFSCME y otros sindicatos del sector público han calificado el caso como un ataque bien financiado por parte de corporaciones y multimillonarios para socavar el trabajo organizado.

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Proyecto busca que empleadores paguen por días de enfermedad en Albany

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Un informe del Instituto para la Investigación de Políticas de Mujeres estima que aproximadamente el 40 por ciento de los trabajadores que viven en el condado de Albany no tienen días de enfermedad remunerados, y los sectores de servicios y transporte tienen los puntajes más bajos para acceso pagado por enfermedad.

Pero una propuesta de ley del condado que requiera que los empleadores permitan a los trabajadores acumular un mínimo de una hora de enfermedad por cada 30 horas trabajadas podría abordar esto.

De acuerdo con la Ley Local "C", tanto los trabajadores de tiempo completo como los de tiempo parcial para los empleadores que tienen 10 o más empleados podrían ganar y usar hasta 72 horas, o nueve días, de tiempo pagado por enfermedad por año. El número de horas totales previstas para el tiempo de enfermedad disminuye con un personal más pequeño. Las prácticas establecidas en los contratos sindicales no serán reemplazadas por la ley del condado.

El Ejecutivo del Condado Daniel McCoy defendió la propuesta en su discurso sobre el Estado del Condado a principios de este año, y muchas organizaciones locales se han manifestado a favor del mandato. Sin embargo, algunos temen que la ley pueda tener un impacto negativo en las pequeñas empresas locales y, al mismo tiempo, haga que los empleadores busquen un lugar para establecer una tienda e ir a otra parte.

McCoy dice que si un empleado pierde horas de trabajo significa que él o ella no podrá poner comida en la mesa o no podrá pagar el alquiler.

Una audiencia pública sobre la propuesta está programada para el 29 de mayo, sujeto a la aprobación de la Legislatura del Condado de Albany en su reunión del 14 de mayo.

La semana pasada, la Cámara de la Región Capital se mostró preocupada por el posible efecto que esta medida pueda causar.

El presidente y gerente general de la cámara, Mark Eagan, dijo que ese gremio no se opone a la intención de la legislación, pero cree que las empresas del sector privado deberían poder tomar la determinación sin la influencia del gobierno.

En declaraciones a Albany Business Review, Eagan dijo que los pequeños negocios como los minoristas y los restaurantes se verían más afectados por el requerimiento, ya que muchas compañías más grandes ya ofrecen licencias pagadas.

"Estas son empresas que ya en los últimos años se han visto afectadas por el aumento del salario mínimo, así que ¿cuánta presión les vas a poner?" Eagan dijo. "Creemos que no es una buena política si desea ayudar a las pequeñas empresas a tener éxito y asegurarse de que Albany County pueda ser competitivo como lugar para realizar negocios".

La propuesta bajo estudio se aplica a los empleados que trabajan más de 80 horas al año y requiere que los empleadores brinden una hora de licencia paga por cada 30 horas trabajadas, con no más de 72 horas por año.

El permiso pagado podría usarse para enfermedades mentales y físicas; cuidado de un miembro de la familia; y cierre del negocio o del cuidado infantil de los empleados debido a una emergencia de salud pública, entre otros motivos.

La violación del mandato podría resultar en multas para los empleados de $ 500 por la primera violación, hasta $ 1,000.

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