Una de las primeras estocadas que la administración Trump y los republicanos le encestaron al pueblo estadounidense fue la eliminación de la neutralidad de la red, con la finalidad de beneficiar a las empresas proveedoras de internet. Muchas fueron las quejas, las protestas y la oposición a dicha medida, pero esto no detuvo a la FCC, controlada por los republicanos en su clara intención de despojar al pueblo del derecho de un internet igualitario. Pero, los demócratas no se quedaron conforme con esa medida y han esperado a retomar el control de la Cámara de Representantes para lanzarse en busca de la restitución de las reglas establecidas en la era Obama.

En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y otros demócratas presentaron el miércoles la Ley de Salvación de Internet, que apunta a restaurar las reglas de un internet abierto que fueron derogadas en 2017.

Las reglas de la era de Obama, que duraron desde 2015 hasta 2018, prohibieron a los proveedores de banda ancha desacelerar o bloquear el acceso a Internet o cobrar tarifas más altas a las empresas por un acceso más rápido. Los demócratas en el Congreso han dicho que la derogación permite a las grandes compañías de banda ancha, e inalámbricas "controlar las actividades en línea de las personas".

"El 86 por ciento de los estadounidenses se opuso al ataque de Trump a la neutralidad de la red, incluido el 82 por ciento de los republicanos", dijo Pelosi durante una conferencia de prensa el miércoles. "Con 'Save the Internet Act (Ley de Salvación de Internet) ', los demócratas están honrando la voluntad de la gente".

En diciembre de 2017, la FCC liderada por los republicanos votó a favor de revocar las reglas de neutralidad de la red de la era de Obama, que finalizaron oficialmente en junio de 2018. En agosto, los fiscales generales de 22 estados, así como grupos activistas y empresas, incluida Mozilla, presentaron una demanda alegando que la FCC revirtió arbitrariamente las reglas de neutralidad de la red y sobrepasó su autoridad para prohibir que los estados pasen sus propias regulaciones.

En octubre, California llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para no hacer cumplir su propia ley de neutralidad de la red, diciendo que se mantendría hasta que las preguntas sobre la autoridad de la FCC para evitar que los estados adoptaran sus propias leyes de neutralidad de la red fueran contestadas en el tribunal federal de apelaciones.

Los gigantes tecnológicos, como Amazon y Facebook, también se han pronunciado en contra de la derogación de la neutralidad de la red.

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La Cámara liderada por los demócratas aprobó el martes por una votación de 245-182 una resolución que pondría fin a la declaración de emergencia nacional de Donald Trump en la frontera de México y Estados Unidos, una declaración que hizo para permitirse acceder a fondos para construir un muro sin el consentimiento del Congreso.

13 republicanos se unieron a los demócratas para oponerse a Trump, lo que indica que, en última instancia, el Congreso no tendrá el margen necesario para evitar el veto de parte de Trump.

La resolución ahora se dirige al Senado. Es una medida privilegiada, lo que significa que no está sujeta a un filibuster, solo necesita una mayoría y se requiere que llegue a la sala para una votación dentro de semanas. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, R-Ky., Dijo a los periodistas que espera que el Senado lo vote antes del 18 de marzo.

Hasta ahora, solo tres republicanos del Senado, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y Thom Tillis de Carolina del Norte dicen que votarán con los demócratas en oposición a las acciones de Trump.

El Senado liderado por los republicanos está dividido 53-47, lo que significa que los demócratas necesitan un voto más además de Collins, Murkowski y Tillis para que la medida sea aprobada. McConnell se negó a obstaculizar la votación, pero otros miembros de la dirección del Senado, incluido el senador John Barrasso, republicano por Wyo., Dijeron que esperan que sea aprobado por el Senado.

La Casa Blanca afirma que Trump tiene la autoridad legal para declarar una emergencia nacional y para redirigir los fondos federales existentes para hacer frente a esa emergencia. El Congreso aprobó $ 1.375 mil millones para nuevas barreras físicas a lo largo de la frontera en un proyecto de ley de gastos aprobado a principios de este mes, pero fue menos de lo que solicitó la Casa Blanca. Poco después, Trump declaró una emergencia nacional para redirigir más de $ 6 mil millones para construir una barrera adicional.

Se espera que, si la resolución pasa del congreso, se convierta en el primer veto de Trump, pero esta no sería la batalla final sobre el asunto, ya que Trump también tendrá que lidiar con una coalición de 16 estados que ha presentado una demanda contra para tratar de bloquear la declaración de emergencia.  Igualmente, la vocera de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, DN.Y., también dijeron que impugnarán la declaración de emergencia nacional ante los tribunales, estableciendo una posible prueba constitucional sobre el equilibrio de poder entre el legislativo y el ejecutivo.

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Las fusiones de empresas siempre resultan en pérdidas para los consumidores y para muchos empleados quienes suelen perder sus puestos de trabajo.

Actualmente se está tratando de llevar a cabo la fusión entre las empresas de telefonía inalámbricas T-Mobile y Sprint, pero la idea no parece ser del agrado de un grupo de senadores demócratas que esta semana han alzado su voz en contra de dicha fusión.

El grupo liderado por el senador Richard Blumenthal de Conneticut envio cartas dirigidas al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Ajit Pai, y al jefe antimonopolio del Departamento de Justicia, Makan Delrahim.

"Nuestros funcionarios de aplicación de la ley son la última línea de defensa que impide la reconsolidación de nuestros mercados de telecomunicaciones a expensas de los consumidores estadounidenses", escribieron los senadores. "Le instamos a que actúe para evitar que se produzca esta peligrosa fusión".

El grupo incluye a algunos de los líderes más prominentes del Partido Demócrata, como los senadores Amy Klobuchar (D-MN), Kirsten Gillibrand (D-NY), Elizabeth Warren (D-MA) y Cory Booker (D-NJ),  quienes además han anunciado que se están postulando para la presidencia del país. También están los senadores Sherrod Brown (D-OH) y Bernie Sanders (I-VT), quienes se espera que lancen pronto sus campañas de 2020.

"Estamos profundamente preocupados de que la fusión de Sprint y T-Mobile en particular eliminará la competencia que se ha demostrado que beneficia a los consumidores y reprime la aparición de nuevas proveedores", agregaron los senadores.

La fusión propuesta de $ 26 mil millones entre T-Mobile y Sprint se anunció en abril pasado y actualmente está siendo revisada por la FCC y el Departamento de Justicia. Si se aprueba, el acuerdo reduciría el número de operadores de telefonía móvil más importantes de los Estados Unidos a tres de cuatro, incluidos AT&T y Verizon.

Los ejecutivos tanto de T-Mobile como de Sprint dijeron que la fusión los ayudaría a implementar redes inalámbricas 5G a una velocidad mayor y que, con el tiempo, reduciría los precios de los planes de los consumidores. En su carta, los senadores argumentaron que este no era el caso.

"La mejor manera de alcanzar el objetivo de la 5G a nivel nacional, asequible y de alta calidad es a través de mercados competitivos", escribieron los senadores. “Esta fusión nos aleja del tipo de competencia que necesitamos para lograr este objetivo. Llevará a una consolidación excesiva y socavará la innovación".

La carta llega casi dos meses después de que varios organismos regulatorios de Estados Unidos, como el Comité de Inversión Extranjera, un organismo que revisa las inversiones extranjeras en Estados Unidos en busca de amenazas a la seguridad nacional, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa dieran el visto bueno a dicha fusión.

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El cierre del gobierno federal le costó a la economía $ 11 mil millones, según un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que refleja la pérdida de producción de los trabajadores federales, el retraso del gasto gubernamental y la reducción de la demanda.

El informe, estimó un golpe de $ 3 mil millones, o 0.1 por ciento, a la actividad económica durante el cuarto trimestre de 2018, pero se proyecta que el impacto sería mayor durante el primer trimestre de 2019, el que arrojaría perdidas de  $ 8 mil millones, o 0.2 por ciento de PIB

Si bien la mayoría de los daños a la economía se revertirán a medida que los trabajadores federales regresen a sus puestos de trabajo, la CBO estima que $ 3 mil millones en actividad económica se perderán permanentemente después de que una cuarta parte del gobierno estuvo cerrada durante casi 35 días.

El análisis no incorpora algunos efectos indirectos del cierre, como la detención de algunos permisos federales y la reducción del acceso a los préstamos.

El informe de la CBO fue solicitado por los representantes demócratas John Yarmuth, de Kentucky, presidente del comité de presupuesto, y Tom O'Halleran, de Arizona, copresidente de la moderada Blue Dog Coalition.

El informe anual de la CBO también analizó el impacto de las políticas comerciales de la administración Trump en la economía. Se estima que los nuevos aranceles sobre importaciones y exportaciones reducirán un promedio del 0,1 por ciento desde el crecimiento económico hasta el 2029. También pronosticó que los aranceles aduaneros aumentarán de 0,2 por ciento del PIB en 2018 a 0,3 por ciento este año.

En general, el crecimiento económico proyectado de la CBO se reducirá este año a 2,3 por ciento, en comparación con la tasa del 3,1 por ciento del año pasado, a medida que los beneficios de la nueva ley tributaria comiencen a desvanecerse. Hasta 2023, se espera que el crecimiento alcance un promedio del 1,7 por ciento, por debajo de la estimación de la CBO del potencial de la economía.

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